BARQUISIMETO- ABRIL 2008

La publicación de los llamados "informes ocultos" confirma la veracidad de las denuncias que este Comité junto a las víctimas y un grupo de parlamentarios, hemos venido formulando públicamente a lo largo de más de tres años. En ellos quedan al descubierto no sólo algunas de las presuntas arbitrariedades y delitos cometidos en la funesta gestión del general Figuera al frente de la policía del estado Lara, sino también la cadena de complicidades que desde el alto gobierno le permitieron, durante todo un quinquenio, actuar con absoluta impunidad para acumular un expediente de "doce informes con mas de 200 folios cada uno".

Al conocer el contenido de los informes de la Comisión Delegada - una verdadera antología de la impunidad y el delito- llama la atención que el General Sabas Yanez Rangel fuese a consignarlos precisamente al COMANDANTE EN JEFE de la Policía Regional, el gobernador Reyes Reyes. Esto es una evidencia más de la complicidad endógena, que pone en manos del principal responsable de estos hechos las pruebas que podrían comprometerle como máxima autoridad del estado.

Pero al mismo tiempo, es un llamado de alerta , ante la nula probabilidad de que la solución a la impunidad pueda desprenderse de los ámbitos gubernamentales, habida cuenta de que para el MPPIJ y para el Presidente de la República estos informes NO SON OCULTOS, como lo fueron para la mayoría de los ciudadanos, ya que fue el propio Hugo Chávez quien designó al general Yánez Rangel para sustituir en la comandancia de las FAPL al tenebroso comandante Rodríguez Figuera.

Si de comisiones, investigaciones e informes se trata, hay que recordar que en el año 2007 el CLEL también designó una Comisión Especial, para investigar los casos de presunta corrupción y los escuadrones de la muerte en la policía, que para la fecha ya habían cobrado la vida de más de 160 venezolanos en el estado Lara. Esta investigación, como muchas otras, no condujo a establecer sanciones administrativas ni penales a los responsables. Hoy la impunidad continúa sumando víctimas de ajusticiamientos, "enfrentamientos" y ejecuciones extrajudiciales, con el agravante de que ahora es el propio "hijito de papá", desde la presidencia del CLEL, el encargado de "garantizar" el seguimiento, control y evaluación a la gestión del progenitor de sus días: el gobernador Reyes Reyes!!.

Al juzgar los hechos, queda claro que:

· Los cuerpos policiales actúan como empresas de vigilancia privada, una especie de feudo del jefe policial de turno con la mirada cómplice de los gobernadores. En este contexto la policía sólo garantiza seguridad a la propiedad privada (de quien disponga de sumas millonarias para pagar el servicio) y a los privilegiados de la élite que ostenta el poder.

· El Estado Venezolano, de la IV o V República, no va a poner en peligro sus propios mecanismos de control y dominación, condenando a los ejecutores materiales de su política represiva. Lo máximo que hace con sus policías y militares asesinos o sus jueces y demás cómplices, es ascenderlos, cambiarlos de puesto o de estado y si el caso es muy descarado les jubila. La razón es elemental: con los recursos provenientes de la corrupción, el Estado y su gobierno va conformando toda una banda de policías y funcionarios a quienes paga y favorece procesalmente para que puedan continuar haciendo el "trabajo sucio" con total impunidad.

· La situación de la policía de Lara no es distinta a la del resto de los cuerpos policiales del país, basta revisar los informes de la Fiscalía General y de la Comisión Nacional para la Reforma Policial para tener una idea de la magnitud de los hechos. Las denuncias de lo que sucede en Guárico, Anzoátegui, Falcón, Bolívar, Zulia, Aragua, Barinas, etc., son similares; lo que demuestra que se trata de una política institucionalizada del gobierno venezolano, que utilizando el trillado argumento del "combate a la delincuencia" encuentra la excusa para centralizar todo el aparato represivo en una Policía Nacional, cuyo principal objetivo es arremeter contra el movimiento de los trabajadores y del pueblo organizado en sus luchas reivindicativas. De hecho, lo vienen haciendo en las protestas de los trabajadores de SIDOR, PDVSA, Sanitarios Maracay; así como contra los ciudadanos que protestan en las calles por elementales condiciones de vivienda, agua, salud, educación, vialidad. Muestra de ello fue la brutal represión por parte de la Policía de Portuguesa y la Guardia Nacional Bolivariana a la protesta pacífica que protagonizaron los habitantes de Ospino (febrero 2008) por el derecho al trabajo y a la alimentación, que dejó un saldo de cuarenta personas heridas –incluido el alcalde con más de 80 heridas de perdigones, y 16 manifestantes detenidos. Estas son pruebas muy claras del incremento de la violencia estatal, disfrazada de política de seguridad.

· Fomentar la impunidad y la corrupción son POLITICAS DEL ESTADO CAPITALISTA, aunque se maquille de "humanista y socialista". Lo primero para asegurar el sometimiento de la mayoría, disponiendo para ello de todo el andamiaje gubernamental: Cuerpos Policiales, Ejercito, Guardia Nacional, Ministerio Publico, Tribunales y Sistema Carcelario; y lo segundo para favorecer la acumulación de capital, trasladando el capital público al sector privado.

· Aquí el único delito que se castiga con la muerte o la cárcel es el que comete el pendejo, el pobre, a quienes se aplica la pena de muerte por diferentes vías, mientras que los delitos cometidos por el policía, el militar o el alto funcionario público son premiados con comisiones, ascensos, embajadas, patrocinios especiales y cualquier prebenda por los servicios prestados.

Finalmente, por más que subestimen a los pueblos, esta histórica y prepotente violencia estatal, reflejada en las reveladoras publicaciones de EL IMPULSO y que han desatado cobardes amenazas contra la periodista Carmen Viloria, quedará por siempre grabada en la memoria colectiva de los larenses, y a partir de su publicación, cuando se hable de los "INFORMES OCULTOS" la primera pregunta que se hará cualquier ingenuo será: QUIÉN LOS OCULTÓ Y POR QUÉ , aunque el gobierno regional y el gobierno nacional simulen continuar mirando para otro lado. Más temprano que tarde los pueblos sabrán reconocer y juzgar a los responsables! Nosotros les deseamos EL ASÍ SEA!

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EL DATO:

Caso del SUBCOMISARIO RAFAEL ANGULO:

Según se desprende del informe de la Comisión Delegada, el subcomisario Rafael Angulo ingresó a las filas de la policía del estado Lara en el año 2000 por recomendación del alcalde Freddy Bernal, recordado en el pasado por dirigir los famosos cuerpos de terror de la Policía Metropolitana (Grupo Pantanero y CETA) que llenaron de crímenes y atropellos los barrios de Caracas bajo el mandato de Lusinchi y CAP, y hoy devenido en un flamante alcalde revolucionario.

Para su ingreso, Angulo presentó documentos en los cuales dio fe de haber renunciado a la PM, sin embargo la Comisión determinó que en realidad fue destituido en el año 1995 "con carácter de expulsión por el delito de extorsión".

Con tales antecedentes Rafael Angulo fue premiado en el 2002 por el gobernador Luis Reyes Reyes con un ascenso, y en un lapso de cinco años alcanzó el rango de subcomisario, contrariando lo establecido en el Reglamento de Ascenso de la Policía. Hoy la Comisión Delegada recomienda se investigue si el funcionario incurrió en el delito de "peculado de uso"" durante los meses que fungió como jefe de la Brigada Motorizada.

¿Pura coincidencia?

El caso del Sub Comisario Rafael Angulo, reedita el caso de WILFREDO FEBRES, ex comandante de la tétrica Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la policía de Guárico, reseñada en el tristemente célebre INFORME MANUIT, como presunta implicada en más de 160 ejecuciones extrajudiciales en esa entidad.

Wilfredo Febres, al igual que Angulo, llega a la policía de Guárico recomendado por su compañero de promoción policial, Freddy Bernal,

En aquella oportunidad, el Coronel Artemio Boada Díaz, para la fecha Comandante de la policía de Guárico, ante la petición de ingreso de Wilfredo Febres decide investigar, y descubre que W.F falsificó sus documentos de ingreso, y además presentaba antecedentes por tenencia de Droga.

Ante esta grave situación, el Coronel Boada rechaza la petición de ingreso de W.F y lo comunica al gobernador Manuitt; este ultimo decide: "le voy a dar una oportunidad, yo le voy a dar una oportunidad a ese muchacho" (Pág.81 del Informe Manuit)

"Este muchacho" actualmente está imputado por el asesinato del comerciante Arturo Hernández (2004), pero por supuesto no ha sido condenado. Precisamente el día que nuestra compañera Alicia de Hernández, esposa de la víctima, denunciaba ante la Comisión de la Asamblea Nacional el vil asesinato de su esposo, ejecutado públicamente en Valle de la Pascua, por el propio Wilfredo Febres, el gobernador Manuit, le condecoraba con la "barra de buena conducta al mejor policía del Estado Guarico".

Cualquier parecido con los hechos registrados en la policia de lara es..¿pura coincidencia?